Muchos inmigrantes que se encuentran legalmente en el país estarán entre las primeras personas en perder la cobertura de Medicaid bajo la ley One Big Beautiful Bill Act, aprobada por los republicanos en el Congreso, que se espera reduzca en más de $900.000 millones hasta 2034 el gasto del programa de salud federal-estatal para personas de bajos ingresos o con discapacidades.

El próximo año, la ley también eliminará para muchos más inmigrantes los subsidios para los planes de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) y la cobertura de Medicare.

Entre quienes perderán sus beneficios de salud, que hasta ahora eran elegibles, se encuentran refugiados de guerra, personas que recibieron asilo luego de huir de la persecución, víctimas de trata sexual e intérpretes que arriesgaron sus vidas ayudando a miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Afganistán.

Todos ellos se encuentran en el país con autorización del gobierno federal. La ley no afecta la cobertura de algunos grupos, entre ellos quienes tienen una tarjeta de residencia permanente (green card).

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), una entidad no partidista que analiza el impacto presupuestario de las leyes, estimó que los cambios que eliminan la elegibilidad para Medicaid de muchos adultos no ciudadanos con estatus legal provocarían que unos 100.000 inmigrantes más quedaran .

51ÊÓƵ Health News preguntó a varios estados cuántas personas inscritas en Medicaid habían identificado como potencialmente afectadas por esta disposición. Más de 281.000 inmigrantes de nueve estados y el Distrito de Columbia podrían perder Medicaid en octubre, lo que sugiere que la CBO subestimó ampliamente la cantidad de personas afectadas.

Aunque algunas podrían conseguir cobertura por otras vías, las cifras estatales sugieren que cientos de miles de inmigrantes en todo el país enfrentan el riesgo inminente de quedar sin seguro.

La CBO se negó a hacer comentarios.

Solo Florida identificó a casi 177.000 inmigrantes que dejarían de ser elegibles para el programa Medicaid del estado a partir de octubre, dijo Anna Holaday, vocera del Departamento de Niños y Familias de Florida. Esta agencia verificó el estatus migratorio de los beneficiarios a través de bases de datos gubernamentales y envió notificaciones para darles la oportunidad de presentar información adicional que demostrara que siguen siendo elegibles, dijo Holaday.

Arizona calcula que casi 28.000 personas podrían perder la elegibilidad. Nueva Jersey espera que entre 15.000 y 25.000 residentes no ciudadanos pierdan su cobertura de Medicaid.

En Carolina del Norte, la cifra es de unos 29.000, y en el estado de Washington, de 11.000. Las cifras definitivas de los estados sobre cuántos beneficiarios fueron dados de baja de Medicaid estarán disponibles más adelante este otoño.

Los legisladores dependen de la CBO para comprender los efectos presupuestarios y económicos de las propuestas legislativas. Sin embargo, la agencia federal no publicó sus estimaciones sobre el impacto del One Big Beautiful Bill Act en los no ciudadanos inscritos en Medicaid hasta un mes después de que el Congreso aprobara el proyecto y Trump lo convirtiera en ley.

Gran parte de la atención sobre los cambios a Medicaid incluidos en la ley se ha centrado en la implementación de requisitos de trabajo como una nueva condición de elegibilidad para muchos beneficiarios a partir de enero. La CBO estima que estos requisitos aumentarán en unos 5 millones la cantidad de estadounidenses sin seguro para 2034.

Sin cobertura de salud, es probable que los inmigrantes pierdan acceso a médicos, medicamentos recetados y la mayoría de los servicios médicos. Sin embargo, podrían seguir siendo elegibles para recibir cobertura de atención de emergencia a través de un programa separado conocido como Medicaid de Emergencia.

“Vine aquí para tener una vida mejor”, dijo Ahin, una refugiada que huyó de la guerra en Siria y se trasladó a Turquía en 2011 antes de llegar a Estados Unidos en octubre de 2024. Habló con 51ÊÓƵ Health News con la condición de ser identificada solo por su nombre de pila, debido a preocupaciones por su privacidad y seguridad.

Poco después de llegar a Estados Unidos, comenzó a sufrir un intenso dolor abdominal que requirió una cirugía intestinal. Medicaid cubrió esos costos, así como las visitas posteriores a especialistas.

“Estoy realmente preocupada por esto”, dijo. “Es verdaderamente una situación terrible”.

Ahin, de 25 años, dijo que no sabe qué hará si necesita ir al hospital porque no podría pagar la factura. Vive con su madre en un pequeño apartamento en Nueva Jersey.

Medicaid también ha sido esencial para su madre, que tiene asma.

Menos beneficios de salud para los inmigrantes

El gobierno federal exigió a los estados que notificaran a los inmigrantes que pronto perderán su cobertura, pero defensores de los derechos de los inmigrantes dicen que algunos estados no comenzaron a enviar las cartas hasta septiembre. Eso les ha dejado poco tiempo para reaccionar, incluso para responder en caso de que el estado haya decidido poner fin a su cobertura por error.

La eliminación de la cobertura de Medicaid es apenas el primer paso en la reducción de los beneficios de salud del gobierno que reciben muchos inmigrantes que se encuentran legalmente en el país.

A partir de un cambio que entrará en vigencia en enero, la CBO estima que alrededor de 1 millón perderán, para 2034, la elegibilidad para recibir subsidios gubernamentales destinados a comprar cobertura individual en los mercados de seguros de ACA. También perderán el acceso a Medicare, un cambio que, según las proyecciones de la agencia, afectará a unos 100.000 inmigrantes.

Trump ha argumentado que los programas financiados por los contribuyentes deberían reservarse para los ciudadanos estadounidenses. Mientras el Congreso debatía la legislación en mayo de 2025, la Casa Blanca publicó con la afirmación engañosa de que la One Big Beautiful Bill Act eliminaría la cobertura de Medicaid para las personas que se encuentran en el país sin autorización.

Desde hace tiempo, la ley establece que este grupo de personas no son elegibles para el programa general de Medicaid financiado con fondos estatales y federales.

Los recortes a la cobertura de salud forman parte de una estrategia más amplia de Trump para transmitir el mensaje de que los inmigrantes no son bienvenidos en Estados Unidos, dijo Ben D’Avanzo, estratega sénior de incidencia federal del National Immigration Law Center.

La administración Trump también ha tomado medidas para excluir de SNAP, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, a personas con estatus legal e intentó hacer lo mismo con el programa infantil Head Start, hasta que intervino un juez federal.

La ley no afecta la cobertura de Medicaid de quienes tienen green card, los menores de 19 años ni determinados inmigrantes de Cuba, Haití o ciertos países de las islas del Pacífico.

Algunos estados intentan cubrir los vacíos

Algunos estados están evitando la pérdida de cobertura utilizando sus propios fondos. California calcula que unos 148.000 inmigrantes perderán la cobertura de Medicaid. Sin embargo, el estado está destinando $365 millones a un programa separado para mantener su cobertura hasta julio de 2027, según Tony Cava, vocero del Departamento de Servicios de Atención Médica de California.

Nueva York y Pennsylvania también cuentan con cobertura de salud financiada por el estado para muchos de los inmigrantes afectados.

Carlos Alarcón, gerente de políticas de salud y beneficios públicos del California Immigrant Policy Center, una organización de defensa de los inmigrantes, dijo que quitarles la cobertura de salud a los inmigrantes afectará la salud del estado en su conjunto. Cuantas menos personas tengan acceso a atención médica, más fácil será que se propaguen enfermedades contagiosas, como ocurrió durante la pandemia de covid, aseguró.

Alarcón dijo que espera que el próximo gobernador de California extienda la cobertura financiada por el estado. Una encuesta publicada en septiembre mostraba al demócrata Xavier Becerra, quien fue secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos durante la presidencia de Joe Biden, por delante del republicano Steve Hilton en la contienda por la gobernación.

Becerra emitir una orden ejecutiva para mantener la cobertura de salud de todos los californianos afectados por los recortes federales.

“Creo que hay personas en la legislatura que realmente van a querer luchar para asegurarse de que podamos restablecer las cosas tanto como sea posible”, dijo Alarcón.

Los grupos que brindan asistencia a refugiados dicen que han estado tratando de informar a las personas de sus comunidades y orientarlas hacia clínicas de salud financiadas por el gobierno o que ofrecen atención gratuita.

“Hemos estado corriendo de un lado a otro tratando de encontrar atención médica gratuita”, dijo , cofundadora del . “Dejar de ser un lugar que recibe a la gente es lo menos estadounidense que he visto en mi vida”.

Andrea Mendez Perez, directora de Interfaith-RISE, una organización de reasentamiento de refugiados en el sur de Nueva Jersey, dijo que la administración Trump ha prolongado el proceso para obtener la green card y ahora está quitando la cobertura a quienes todavía no la tienen.

Antes de 2025, normalmente se tardaba unos seis meses en obtener la green card, el estatus que permite a una persona extranjera vivir y trabajar de manera permanente en Estados Unidos, dijo. Hoy en día, el proceso demora mucho más de un año.

Para muchos de estos inmigrantes que tienen Medicaid, perder la posibilidad de obtener los medicamentos que les han recetado “es una situación de vida o muerte”, dijo Mendez Perez.

Ahin, la refugiada siria, solicitó la residencia permanente poco después de llegar a Estados Unidos hace dos años. Mendez Perez dijo que Ahin ya debería haberla obtenido, lo que habría evitado que perdiera la cobertura bajo la ley republicana.

“Está atrapada en el medio y no tiene ningún control sobre la situación”.

Colleen McCauley, directora de políticas e incidencia de Camden Coalition, una organización sin fines de lucro que ayuda a conectar a las personas con servicios de salud en el sur de Nueva Jersey, dijo que la pérdida de cobertura es devastadora.

“Ninguno de ellos hizo nada malo”, dijo McCauley, “y están perdiendo su cobertura”.

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El acceso al aborto es importante para McCoomb. Quiere que su hija crezca en un estado donde esa opción esté disponible si alguna vez la necesita, y el cartel era un recuerdo del día en que los habitantes de Missouri votaron para revertir la prohibición casi total del aborto en el estado.

Pero McCoomb no podía quitarse de la cabeza la sensación de que pronto tendría que volver a poner el cartel en su jardín.

“Tengo muy poca fe en nuestro gobierno de Missouri”, dijo McCoomb, sentada en el porche de su casa.

Y así fue. Apenas dos años después, la legislatura estatal, dominada por los republicanos, está pidiendo a los votantes del estado que revoquen las protecciones al aborto que apoyaron hace tan poco. Las dos medidas contradictorias incluso tienen el mismo nombre: Enmienda 3.

Pero mientras que un voto por el “sí” en 2024 apoyaba la incorporación de las protecciones a la Constitución estatal, un voto por el “no” en 2026 permitiría mantenerlas.

McCoomb cubrió el “YES” de su cartel con un “NO” hecho con cinta adhesiva negra antes de volver a ponerlo en el jardín. La descripción oficial de la medida de 2026 confirma que un voto por el “sí” derogaría la protección constitucional aprobada en 2024, mientras que un voto por el “no” la mantendría vigente.

Missouri es uno de los cuatro estados donde los votantes decidirán sobre el aborto en las elecciones de medio término de noviembre y uno de los dos que votarán sobre el tema por segunda vez desde 2024.

Nevada también volverá a votar, después de haber sido uno de los 10 estados que hace dos años llevaron a las urnas medidas relacionadas con el aborto.

La ola de referendums llega después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara las protecciones federales al aborto con su decisión de 2022 en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, dejando en manos de cada estado la política al respecto.

El resultado ha sido un mosaico de normas estatales, de prohibiciones o restricciones, e incluso una serie de “leyes escudo” en estados donde el aborto sigue siendo legal, destinadas a proteger a los proveedores frente a procesamientos en estados donde no lo es.

“Creo que se avecina una crisis constitucional”, dijo Kristi Hamrick, vicepresidenta de medios y políticas de la organización antiaborto Students for Life Action.

“¿Se pueden tener 50 estándares estatales distintos sobre si un ser humano es o no un ser humano? ¿Se pueden tener 50 estándares estatales sobre si los seres humanos tienen protección legal?”, se preguntó Hamrick.

Grupos de defensa quieren las cosas claras

Ese mosaico de protecciones al aborto es la razón por la que Nevadans for Reproductive Freedom impulsó la medida electoral de 2024 para incorporar a la Constitución estatal la ley que permite abortos hasta las 24 semanas después de la concepción, dijo Denise Lopez, presidenta de la coalición.

La medida recibió un fuerte respaldo hace dos años, cuando el 64% de los votantes se pronunció a favor. La ley de Nevada exige dos votaciones mayoritarias para incorporar una enmienda a la Constitución, por lo que los votantes deberán respaldar nuevamente la ampliación de las protecciones en noviembre para que entre en vigor.

Lopez agregó que Nevadans for Reproductive Freedom ha estado haciendo campaña para garantizar que los votantes sigan movilizados.

“A la gente le importa”, aseguró. “Están viendo lo que ocurre a nivel nacional y quieren asegurarse de que lo que sucede en nuestros estados vecinos, como Idaho y Utah, no ocurra aquí en Nevada”.

Idaho, donde una medida para garantizar el derecho al aborto los requisitos para llegar a las urnas en noviembre, tiene una de las leyes que más restringen ese derecho en todo el país. La propuesta establece un derecho al aborto hasta la viabilidad fetal: el momento en que un feto puede sobrevivir tras el nacimiento, que por lo general se sitúa en torno a las 24 semanas.

En Utah, en cambio, el aborto está permitido hasta las 18 semanas, mientras continúan las impugnaciones legales contra la prohibición estatal.

La propuesta electoral de Nevada no modificaría la ley existente que permite interrumpir el embarazo hasta 24 semanas después de la concepción. Pero establece trabas a cualquier intento de eliminar el acceso al aborto, ya que una nueva prohibición requeriría la aprobación de los votantes en dos elecciones.

En Virginia, donde el aborto ya está permitido durante los dos primeros trimestres del embarazo hasta las 28 semanas, los votantes decidirán si enmiendan la Constitución estatal para consagrar esos derechos.

En Idaho, los votantes decidirán si la ley estatal debe permitir el aborto hasta la viabilidad fetal, el punto en el que un feto puede sobrevivir fuera del útero, que generalmente se considera alrededor de las 24 semanas.

Missouri es el único estado que votará este año si mantiene la eliminación de protecciones al aborto que se encuentran vigentes.

La medida que garantizó el acceso al aborto hasta la viabilidad fetal en el estado y la reemplazaría con una prohibición, con excepciones por emergencias médicas, anomalías fetales y embarazos resultantes de violación o incesto.

En los casos de violación e incesto, los abortos tendrían que realizarse antes de las 12 semanas de embarazo. Esa descripción coincide con el texto electoral oficial certificado por Missouri.

El estado fue el primero en prohibir el aborto después de la decisión Dobbs de 2022. Aunque los abortos ya prácticamente habían desaparecido en Missouri luego de tres décadas de regulaciones estatales que obligaban, por ejemplo, a atravesar un , requisitos mínimos sobre el tamaño de las salas de procedimientos y pasillos en las clínicas que practicaban abortos, y la obligación de que los médicos de admisión en hospitales cercanos.

Los registros estatales de Missouri muestran que en 2021 solo se realizaron frente .

Las dos filiales de Planned Parenthood en Missouri presentaron una demanda para anular esas regulaciones de que los votantes aprobaran la enmienda sobre el aborto en 2024.

Una en 2025 permitió que se reanudaran en el estado los procedimientos de aborto realizados en clínicas, pero fueron necesarios , hasta este mes de junio, para que una decisión judicial invalidara la mayoría de esas leyes y allanara el camino para que se reanudaran los abortos con medicamentos, que es actualmente la forma más habitual utilizada en Estados Unidos.

Un segundo voto confuso

Margot Riphagen-Dunn, directora ejecutiva de Planned Parenthood Great Rivers, con sede en St. Louis, dijo que el desconcierto provocado por una segunda votación estatal sobre el aborto refleja la confusión que han vivido los pacientes respecto de si el aborto está disponible o no en Missouri.

“Creo que el objetivo, en cierta forma, es el caos”, opinó Riphagen-Dunn, quien agregó que “esa táctica definitivamente dificulta que se puedan brindar estos servicios”.

La confusión también ha generado problemas para los votantes que se oponen al aborto.

“Creo que es desafortunado”, dijo Reagan Barklage, vicepresidenta de Students for Life of America y tesorera del Missouri Students for Life Ballot Committee. “La gente necesita tener muy claro qué está votando”.

Barklage dijo que, mientras hacía campaña puerta a puerta, tuvo que corregir a votantes antiaborto para recordarles que este año deben votar “sí” a la Enmienda 3, aunque la vez anterior votaron “no” a la Enmienda 3.

“Es una locura que incluso haya terminado teniendo el mismo número. No creo que sea intencional, pero tenemos que lidiar con lo que hay”, dijo Barklage, y agregó: “Espero que quienes apoyan el derecho a decidir hayan guardado sus carteles de la vez anterior”.

En Maplewood, Missouri, McCoomb dijo que estaba contenta de que su cartel a favor del acceso al aborto hubiera llamado la atención.

“Espero que mucha gente lo vea y recuerde que tiene que volver a votar”, agregó.

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El fracaso, al menos por ahora, rompe una de las promesas clave que los republicanos vienen haciendo a sus votantes desde 2010, cuando ACA se convirtió en ley.

“Esta ha sido una experiencia muy desafiante para todos nosotros”, dijo el líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell (republicano de Kentucky) a periodistas el martes a la tarde. “Está bastante claro que no hay 50 republicanos en este momento para votar por un reemplazo del Obamacare”.

La declaración de oposición que hicieron el lunes los senadores republicanos conservadores Mike Lee (Utah) y Jerry Moran (Kansas) desterró incluso la oportunidad de iniciar el debate sobre la versión de un proyecto de ley presentado la semana anterior.

McConnell agregó que el Senado votaría a principios de la próxima semana sobre y vetado por el presidente Barack Obama, que derogaría partes de la ley de salud. Ese enfoque retrasaría la fecha efectiva de votación por dos años para dar a los legisladores el tiempo para proponer un reemplazo.

Sin embargo, la oposición de los republicanos moderados Susan Collins (Maine), Shelley Moore Capito (West Virginia) y Lisa Murkowski (Alaska), garantiza que esta votación también fracasará.

“Sólo para decir “derogamos la ley y confíe en nosotros, que vamos a arreglar esto en un par de años’, eso no va a proporcionar consuelo a la ansiedad que muchas familias de Alaska están sintiendo en este momento”, dijo Murkowski a periodistas.

En retrospectiva, la incapacidad de los republicanos para reemplazar la ley de salud no debería ser una sorpresa. Estas son algunas de las razones:

1. Es difícil quitarle las cosas a la gente

Una vez lanzados, los programas federales que proporcionan a las personas beneficios que consideran importantes y valiosos son muy difíciles de quitar. En el caso de la atención de salud, la vida de las personas puede estar en juego. En el debate actual, los pacientes que temían lo que sucedería con su cobertura de salud si se derogaba el Obamacare le hicieron saber sus preocupaciones a los legisladores, en voz bien alta.

2. Los republicanos están divididos desde hace tiempo en el tema de la atención médica

El recóndito secreto que los republicanos guardaron estos últimos siete años es que, fundamentalmente, en lo único que acordaron sobre la atención de salud fue en el eslogan “derogar y reemplazar”. Hay una razón por la cual no tuvieron un plan cuando Donald Trump fue elegido presidente. Hasta ahora, todos los esfuerzos por lograr un consenso fracasaron.

“No vine a Washington para herir a la gente”, dijo Capito en un comunicado. “Tengo serias preocupaciones acerca de cómo seguimos proporcionando atención asequible a aquellos que se han beneficiado de la decisión de West Virginia de ampliar el Medicaid”.

Pero los miembros más conservadores, en particular el senador Rand Paul (republicano de Kentucky), tienen otras prioridades. “Todos nosotros prometimos que derogaríamos al Obamacare”, dijo Paul a periodistas el martes. “Si no está dispuesto a votar de la manera en que votó en 2015, entonces necesita regresar a casa y necesita explicarles a los republicanos por qué ya no apoya la revocación del Obamacare”.

3. El liderazgo presidencial en asuntos difíciles es importante

El presidente Trump dejó claro en todas partes lo que quería de un proyecto de ley de salud. Fue su insistencia original sobre que el “revocar y reemplazar” sucediera simultáneamente lo que alejó al Congreso de su estrategia de 2015 de derogar primero y reemplazar más tarde. Durante una celebración en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, Trump aplaudió cuando la Cámara aprobó su proyecto de ley, pero luego lo llamó “maldito” durante una reunión de estrategia con senadores.

Cuando se hizo claro el lunes por la noche que el esfuerzo del Senado se estaba hundiendo, Trump twitteó: “Los republicanos deberían simplemente rechazar el Obamacare que está fracasando ahora y trabajar en un nuevo plan de salud desde cero”. “Como siempre han dicho, dejar que Obamacare fracase y luego diseñar un gran plan de salud”, agregó.

El presidente “les dio una tarea imposible con sus promesas (más, mejor, más barato para todos). Pero ni las políticas ni el púlpito bully ayudan en el momento crucial”, dijo Len Nichols, profesor de política de salud en la Universidad George Mason. “Y ahora los culpará por fracasar”.

Thomas Miller, del conservador American Enterprise Institute, agregó: “Ahora tenemos un ensayo clínico aleatorio que demuestra que uno no puede dirigir y gobernar a través de Twitter”.

4. El cuidado de la salud es complicado. De verdad

La atención de salud no ha sido tradicionalmente un tema de votación importante para los republicanos, y por lo tanto ha sido una prioridad menor -en comparación con cuestiones como los impuestos y el comercio- a la hora de elegir a sus representantes.

Agrega complejidad el hecho de que el conocimiento de los republicanos no es tan profundo como el de los demócratas cuando se trata de experiencia en políticas de salud. Los demócratas han trabajado en estos temas durante años. Incluso antes de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, muchos ya habían servido en el Congreso durante décadas y habían aprendido de los errores que se cometieron en esfuerzos como el fracasado proyecto de ley de salud del presidente Bill Clinton.

5. Algunas partes del Obamacare son realmente populares, incluso entre los republicanos

El requisito de que la mayoría de las personas tengan un seguro a riesgo de pagar una multa -conocido como mandato individual- ha sido muy poco popular entre los votantes de todos los signos políticos. Pero muchas otras disposiciones importantes de la ley de salud, como garantizar la cobertura para las personas con condiciones preexistentes, siguen siendo ampliamente populares.

De hecho, en los últimos meses, el Obamacare ha ido creciendo en popularidad. La mayoría de las encuestas muestran que es más de dos veces más popular que el esfuerzo republicano por cambiarlo.

“Los republicanos tienen que admitir que realmente nos gustan algunas de las cosas de ACA”, dijo Murkowski.

Eso abrió una gran brecha entre los republicanos que querían mantener los beneficios populares y los que querían derogar la ley por completo. Una brecha que, hasta ahora, los republicanos han sido incapaces de zanjar.

Rachel Bluth contribuyó a esta historia.

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El hijo de Luz es uno de los cerca de 190,000 niños que se han inscrito en el Medi-Cal desde que California lo habilitó para menores indocumentados el año pasado. Luz, su esposo y su hijo llegaron sin papeles a Merced, California, desde México hace unos 10 años. Luz pidió que no se usara el apellido de la familia, por miedo a ser identificada por las autoridades federales de inmigración.

En el clima político actual, los defensores de los inmigrantes y de la salud temen que niños, como el hijo de Luz, abandonen el Medi-Cal y que otros menores que califican no se inscriban debido a la preocupación de que la información personal pueda ser utilizada para deportar a las familias.

Luz tendría que renovar la cobertura de su hijo en octubre, pero sigue indecisa, aunque el programa pagó por su visita al hospital cuando se lesionó un pie. “Todavía lo estoy pensando”, dijo.

En mayo de 2016, el Departamento Estatal de Servicios de Salud (DHCS) implementó la nueva ley Health for All Kids (Salud para Todos los Niños) que permite a los menores de 19 años de California recibir beneficios completos del Medi-Cal, incluyendo atención dental y servicios de salud mental, independientemente de su estatus migratorio. Antes, los niños indocumentados sólo podían recibir a través del Medi-Cal atención de emergencia.

California siguió a Illinois, Massachusetts, Nueva York, Washington y el Distrito de Columbia ofreciendo cobertura de salud apoyada por el estado a niños que viven en el país sin papeles. El gobierno federal paga una porción significativa del programa de California, como lo hace con todos los estados. Pero California financia la cobertura para los niños indocumentados en su totalidad.

Desde su implementación hasta el 6 de abril de 2017, 189,434 niños indocumentados se inscribieron en el programa, según los datos estatales más recientes. El departamento de servicios de salud estima que otros 61,000 son elegibles, pero no están inscritos. Defensores dicen que ahora es el momento para un empujón para inscribir a estos niños “más difíciles de localizar” y para alentar a los que ya están en el programa a quedarse.

Las familias inmigrantes se han vuelto más reacias a compartir información personal con los programas gubernamentales por los cambios a las políticas migratorias y de salud que planea la administración Trump, según que trabajan con inmigrantes en prácticas pediátricas y clínicas comunitarias a lo largo del estado.

La encuesta, realizada en marzo por el grupo de abogacía Children Now, reveló que los inmigrantes también están evitando cada vez más las citas médicas debido a preocupaciones similares.

Kelly Hardy, directora y gerente de políticas de salud de Children Now, dijo que algunas familias incluso porque temen que su estatus migratorio pueda compartirse con oficiales de inmigración.

“Mantener [en el programa] a los niños que se han inscrito recientemente va a ser muy importante”, dijo Hardy. Agregó que espera que las familias vean que la cobertura es una bendición para su salud y que no se asusten.

En un correo electrónico reciente, el DHCS reiteró a California Healthline que el estatus migratorio de un solicitante “solo se usa con el propósito de determinar la elegibilidad para el Medi-Cal”.

Pero eso no evita la preocupación de algunos padres.

“Este miedo es horrible. No sabemos en quién confiar “, dijo Luz.

Antes de que la ley de cobertura para todos entrara en vigencia el año pasado, los niños indocumentados podían obtener atención en algunos condados de California a través del programa Healthy Kids. Sin embargo, muchos de esos niños han sido transferidos al Medi-Cal, y los programas Healthy Kids están cerrando.

Carlos Jiménez, abogado de políticas de salud en el Mixteco Community Organizing Project, en Oxnard, California, dijo que la organización sin fines de lucro duplicó sus esfuerzos para ayudar con las inscripciones después que se implementó la ley.

Los promotores de salud difundieron información sobre la nueva ley en campos agrícolas, en la entrada de iglesias y supermercados. El año pasado, los consejeros de inscripción vieron hasta a 400 personas al mes que tenían preguntas acerca del Medi-Cal, y la mayoría buscaba inscribir a sus hijos, dijo Jiménez.

Pero después de la elección presidencial de noviembre, los consejeros en Mixteco vieron como el número de personas que buscaba ayuda se reducía casi a la mitad, dijo Jiménez. A esta altura los consejeros esperaban más consultas sobre la inscripción, remarcó.

La mayoría de la gente pregunta si la inscripción de un niño indocumentado traería algún problema con Inmigración, dijo Jiménez. “Nosotros les decimos que su información está protegida. Pero aun así tienen miedo”.

La encuesta de Children Now mostró que los participantes tenían preguntas sobre el futuro del Medi-Cal para los niños indocumentados, en particular, si la cobertura continuaría si se reemplazaba la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).

En con California Healthline en febrero, el senador Ricardo Lara (demócrata de Bell Gardens) y autor de la ley Health for All Kids, dijo que no había razón para preocuparse por la continuidad del programa.

El programa sigue siendo una prioridad para el gobernador demócrata Jerry Brown, dijo Lara, señalando que este año California está gastando para continuar los beneficios para los niños indocumentados. Esa suma está muy por encima de los $188 millones que proporcionó para el programa el año pasado.

Los defensores de la salud en California esperan ampliar el programa a los adultos jóvenes. A principios de este mes, el California Immigrant Policy Center y Health Access California, lanzaron solicitando que los beneficios completos del Medi-Cal estén disponibles para los jóvenes sin papeles de entre 19 y 26 años.

Esta historia fue producida por , que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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El presidente Donald Trump y varios de los líderes republicanos del Congreso están haciendo campaña para rechazar la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) y reemplazarla por su propio plan para revisar y modificar el sistema nacional de atención de salud. A medida que los republicanos desarrollan su oferta, sus representantes utilizan complejas palabras de la jerga de la política de salud para describir sus principales estrategias.

Abajo encontrará algunas definiciones breves. Haga click en la palabra o frase dentro de los globos en la foto para leer el significado completo, y entender un poco más sobre el sistema de salud del país y los esfuerzos en marcha para reemplazar ACA.

SUBVENCIONES EN BLOQUE AL MEDICAID Y LIMITES PER CAPITA: cuando el gobierno federal da a los estados una suma fija de dinero para pagar por la cobertura de los beneficiarios del Medicaid. Este sería un cambio con respecto a como funciona ahora el programa, en el cual el gobierno federal iguala el gasto estatal en el Medicaid, en base a un porcentaje. .

CUENTAS DE AHORRO DE SALUD: también conocidas como HSAs, estas cuentas permiten a los consumidores ahorrar dinero libre de impuestos siempre y cuando se utilice para gastos médicos. .

RECONCILIACION PRESUPUESTARIA: Proceso legislativo que permite que se aprueben medidas con una simple mayoría en el Congreso. Los proyectos de reconciliación presupuestaria no pueden ser cabildeados pero se deben enfocar en provisiones que tengan un impacto presupuestario. .

BENEFICIOS ESENCIALES DE SALUD: categorías de beneficios que son mandatorios bajo ACA, y que los planes de salud deben cubrir. Incluyen servicios de emergencia, internación y cuidado materno. 

MERCADO INDIVIDUAL: lugar en donde las personas que no tienen cobertura de salud a través del gobierno o de su empleador compran un plan directamente a una aseguradora. .

CREDITOS IMPOSITIVOS/SUBSIDIOS: asistencia financiera para ayudar a los consumidores a comprar un seguro de salud. .

FONDOS COMUNES DE ALTO RIESGO: grupos de aseguradoras que cubren a individuos con costos altos de salud, como personas con enfermedades graves o condiciones crónicas. .

³Õ¾±²õ¾±³Ù±ðÌý para más cobertura de Kaiser Health News sobre el debate de la ley de salud.

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La legislación mantendría las disposiciones de la ley de salud permitiendo que los hijos permanezcan en el plan de seguro de salud de sus padres hasta los 26 años y prohibiendo a las aseguradoras cobrar más a las personas con condiciones médicas preexistentes, siempre y cuando no dejen que su seguro caduque. Si esto ocurre, bajo la ley republicana las aseguradoras pueden cobrar un recargo del 30% por inscripción tardía por encima de la prima base.

En una declaración, el líder de la Cámara de Representantes, Paul Ryan (republicano de Wisconsin), dijo que la propuesta “reduciría los costos, estimularía la competencia y daría a cada estadounidense acceso a un seguro de salud asequible y de calidad”. Agregó que “protege a los adultos jóvenes, a los pacientes con condiciones preexistentes, y proporciona una transición estable para que nadie quede fuera”.

El plan del GOP, como se predijo, , y no impondría el llamado mandato del empleador, que requiere que ciertos empleadores proporcionen un nivel establecido de cobertura de salud a los trabajadores, a riesgo de tener que pagar una multa si no lo hacen.

Los demócratas rápidamente condenaron el plan. “Esta noche, los republicanos revelaron un proyecto de ley (Make America Sick Again), que les da a los multimillonarios un nuevo recorte fiscal masivo mientras se trasladan costos y enormes cargas a las familias trabajadoras de todo el país”, dijo Nancy Pelosi. “Los republicanos obligarán a decenas de millones de familias a pagar más por una cobertura peor, y empujarán a millones de estadounidenses fuera de los seguros de salud por completo”.

La legislación ha sido el foco de intensas negociaciones entre las diferentes facciones del partido republicano y la administración Trump desde enero. El ACA se aprobó en 2010 sin un solo voto republicano, y el partido lo ha denunciado fuertemente desde entonces, con la Cámara votando más de 60 veces para revocar el Obamacare. Pero más de 20 millones de personas han ganado cobertura bajo la ley, y el presidente Donald Trump y algunos republicanos del Congreso han dicho que no quieren que nadie pierda su seguro.

Cuando los republicanos tomaron el control del Congreso y de la Casa Blanca este año, no lograron un acuerdo sobre el camino a seguir para reemplazar la ley, con algunos legisladores de los estados que han ampliado el Medicaid preocupados por el efecto de la revocación, y con el ala conservadora del partido pidiendo que se eliminara toda la ley.

El senador Rand Paul (republicano de Kentucky), y uno de los que está a favor de una derogación completa, twitteó: “Todavía no hemos visto una versión oficial del proyecto de ley de la Cámara para reemplazar el Obamacare, ¡pero por informes de los medios de comunicación esto parece un Obamacare Lite!”.

Complicando el esfuerzo está el hecho de que los republicanos tienen sólo 52 escaños en el Senado, por lo que no pueden reunir los 60 necesarios para superar un contraataque demócrata. Esto significa que deben usar una estrategia legislativa complicada llamada que les permite revocar sólo partes del ACA que afectan el gasto federal.

A partir de 2020, el plan republicano ofrecería créditos impositivos para ayudar a las personas a pagar el seguro de salud, en base al ingreso familiar y la edad, con un límite de $14,000 por familia. Cada miembro de la familia acumularía créditos, desde $2,000 para un individuo menor de 30 a $4,000 para personas de 60 años o más. Los créditos empezarían a disminuir después de que los individuos alcanzaran un ingreso de $75,000, o de $150,000 para las parejas que presentan sus impuestos de manera conjunta.

A los consumidores también se les permitiría invertir más dinero en cuentas de ahorro de salud (HSA, por sus siglas en inglés) libres de impuestos y elevaría el límite de $2,500 en las cuentas de ahorro flexibles a partir de 2018.

La legislación permitiría a las aseguradoras cobrar a los consumidores mayores por la cobertura que a los jóvenes. La ley de salud actualmente permite una proporción de 3 a 1.

Los centros de salud comunitarios recibirían $422 millones en financiamiento adicional en 2017 bajo la nueva legislación, lo que también condiciona la para Planned Parenthood y prohíbe el uso de créditos tributarios para comprar un seguro médico que cubra el aborto.

El Comité de Energía y Comercio y el de Ways and Means tienen programado ponerle el sello final al proyecto este miércoles 8 de marzo. Los comités todavía no tienen ningún análisis de la Oficina del Presupuesto del Congreso sobre cuánto costaría la legislación o a cuántas personas cubriría.

Los líderes del partido han dicho que quieren entregar el proyecto al presidente Trump en abril.

En una declaración, los demócratas de alto rango en ambas cámaras dijeron que la medida cobrará a los consumidores “más dinero por menos atención. Esto aumentaría drásticamente los costos de atención de la salud para las personas mayores. Y la derogación racionaría el cuidado de más de 70 millones de estadounidenses, incluyendo adultos mayores en hogares, embarazadas y niños que viven con discapacidades, al cortar y limitar arbitrariamente Medicaid”, dijo el representante Frank Pallone de Nueva Jersey y el representante Richard Real de Massachusetts.

El nuevo plan plantea cambios dramáticos al Medicaid, el programa de seguro de salud estatal-federal que cubre a 70 millones de estadounidenses de bajos ingresos. El programa comenzó en 1965 como un derecho, lo que significa que el financiamiento federal y estatal están asegurados sin importar el costo y la inscripción. Pero el proyecto de ley republicano limitaría los fondos federales para el Medicaid por primera vez.

El gobierno federal recauda entre la mitad y el 70% de los costos del Medicaid. El porcentaje varía en función de la riqueza relativa del estado.

Bajo el plan republicano, el financiamiento federal se basaría en lo que el gobierno gastó en el año fiscal que terminó el 30 de septiembre. Esas cantidades se ajustarían anualmente, en base a la inscripción del estado y la inflación médica.

Actualmente, los pagos federales a los estados también tienen en cuenta cuán generosos son los beneficios del estado y qué tasa utiliza para pagar a los proveedores. Eso significa que estados como Nueva York y Vermont obtienen fondos más altos que estados como Nevada y New Hampshire, y esas diferencias estarían bloqueadas para los próximos años.

Los republicanos han presionado para limitar el financiamiento federal a los estados a cambio de darles más control sobre el funcionamiento del programa.

La legislación también afecta la expansión del Medicaid promovida por el ACA, por la cual el gobierno federal proporcionó una mayor financiación a los estados para ampliar la elegibilidad. El proyecto de ley también pondría fin a esa financiación adicional para cualquiera que se inscriba bajo las directrices de expansión a partir de 2020. Sin embargo, permitiría a los estados mantener el financiamiento adicional que proporcionó el Obamacare a las personas que ya están en el programa de expansión y que permanezcan inscriptas.

Cerca de 11 millones de estadounidenses se han sumado al Medicaid desde 2014.

Cambiar el programa de expansión es un delicado equilibrio para los republicanos. Cuatro senadores republicanos de los estados que eligieron ampliar el Medicaid dijeron que se opondrían a cualquier legislación que derogara la expansión.

“Nos preocupa que cualquier cambio mal implementado o mal programado en la actual estructura de financiamiento en Medicaid podría resultar en una reducción en el acceso a servicios de atención de salud que salvan vidas”, dijeron los senadores Rob Portman, de Ohio; Shelley Moore Capito, de West Virginia; Cory Gardner de Colorado, y Lisa Murkowski de Alaska en una carta al líder de la mayoría republicana Mitch McConnell.

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