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El triunfo electoral del ex presidente Donald Trump y su regreso a la Casa Blanca probablemente traerán cambios que reducirían los programas nacionales de salud públicos, aumentando la tasa de personas sin seguro e imponiendo nuevas barreras al aborto y otros servicios de salud reproductiva.
La enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte en los Estados Unidos. Fue responsable de más de 300,000 —o aproximadamente 1 de cada 5— muertes de mujeres en 2021.
En Maryland, donde el aborto es legal, una enmienda propuesta consagraría en la constitución estatal un derecho “a tomar y hacer efectivas decisiones para prevenir, continuar o terminar el propio embarazo”.
Un creciente número de programas móviles buscan aumentar el acceso de las comunidades rurales a los cuidados de salud de la mujer, incluida la anticoncepción reversible de acción prolongada.
Casi 4 de cada 10 mujeres menores de 30 años encuestadas en septiembre y principios de octubre dijeron que el aborto es la cuestión más importante a la hora de emitir su voto.
A medida que se acerca el día de las elecciones, los aspirantes demócratas están haciendo todo lo posible para vincular a sus oponentes republicanos en distritos congresionales disputados con sus antecedentes antiaborto.
Hoy en día, más embarazadas reciben diagnósticos de presión arterial peligrosamente alta, un hallazgo que podría salvar vidas.
El fallo de la Corte dejó en manos de los estados las políticas sobre el aborto. Desde entonces, 14 estados promulgaron prohibiciones a la práctica que contemplan unas pocas excepciones, mientras que otros han restringido el acceso.
Los dos candidatos presidenciales abordaron una amplia gama de temas, desde cifras de empleo e inflación hasta el aborto y la inmigración, en intercambios marcados por ataques personales.
El cambio duplicará con creces el costo para los estudiantes. Expertos dicen que aumentará la escasez de estos profesionales de salud.
En el país, la cobertura para la atención del aborto es laberíntica. A menudo, los pacientes no saben cuándo un procedimiento, o las píldoras abortivas, están cubiertas, si es que lo están; y la proliferación de prohibiciones ha exacerbado la confusión.
La elección de la vicepresidenta Kamala Harris del gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula está poniendo el tema de la atención médica en primer plano en la recta final hacia las elecciones presidenciales de noviembre.
Mientras los demócratas reconstruyen su candidatura presidencial a pocos meses de las elecciones, se esperaría que, de ser la nueva nominada, Harris adoptase una postura agresiva en apoyo al acceso al aborto y en otros temas controversiales de salud.
La atención médica constituye la mayor parte del presupuesto federal, casi $2 mil millones, así como el 17% de la producción económica del país.
Esta ofensiva estratégica es parte de un esfuerzo nacional más amplio del grupo de derechos reproductivos, que se propone evitar que una mayoría republicana apruebe restricciones al derecho al aborto, incluida una prohibición nacional.
Esta primavera, se promulgó una ley que permite los “centros de parto avanzados”, donde los médicos pueden asistir partos vaginales o por cesárea en mujeres consideradas de bajo riesgo de sufrir complicaciones. Muchos se oponen.
La depresión perinatal afecta a un 20% de las mujeres en Estados Unidos durante el embarazo, el posparto o ambos.
No hay una forma de curar o predecir la preeclampsia. La enfermedad puede dañar el corazón y el hígado, y causar otras complicaciones tanto para la madre como para el bebé, incluido el parto prematuro e incluso la muerte.
Históricamente, las enfermedades vinculadas al abuso del alcohol han afectado más a los hombres. Pero datos actuales de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) muestran que las tasas de muerte por esta causa están aumentando más rápido entre las mujeres que entre los hombres.
Abogados, defensores y reguladores están observando de cerca cómo las aseguradoras diseñarán las normas para cubrirlo.
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